Izquierda Unida apuesta por la continuidad de Galasa pero pide altura de miras a PP y PSOE para reconducir la situación actual de la empresa y llegar a un acuerdo

La aprobación de la modificación de las tasas por la prestación de los servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua que se ha aprobado esta mañana en el pleno de la Diputación Provincial de Almería «es realmente un brindis al sol», según ha argumentado la diputada provincial por Izquierda Unida, María Jesús Amate.

Porque la modificación de tasas no depende directamente de los diputados, sino que esta decisión es una decisión mucho más importante en la cual intervienen muchos más actores. La decision de las tarifas es de los alcaldes y alcaldesas, que deben de aprobar en sus ayuntamientos dicha moficación.

La diputada por Izquierda Unida ha defendido que la decisión debería llevarse luego a pleno en diputación, «una vez estuviera aprobado en los ayuntamientos, no al revés».

Acerca de la situación, Amate ha argumentado creer que ninguna de las personas «que estamos aquí esta mañana apueste por la disolución de Galasa, al contrario creo que todos apostamos por la continuidad de la empresa. Desde mi grupo creemos firmemente que Galasa debe continuar, porque un servicio básico como el agua debe prestarse desde lo público pero obviamente desde lo público debe de darse un servicio de calidad y con calidad».

Y por supuesto, para Amate, también «debemos pensar en la continuidad de Galasa como una empresa pública que para prestar un servicio cuenta con una plantilla de 96 trabajadores, mayoritariamente de la comarca a los que la disolución de la empresa afecta directamente porque supondría la pérdida de su trabajo, y no creo que esta sea una cuestión de menor importancia en el problema de Galasa.
La problemática de Galasa no viene de cuatro días, es un problema que viene de largo, y es un problema que han generado los diferentes grupos políticos que la han dirigido y han gestiónado, gestión que más allá de ir dirigida a una correcta y eficaz prestación de servicios básicos desde lo público solo ha servido para realizar una gestión dirigida a la colocación de personal de confianza, externalización de servicios en beneficio de conocidos y firma de convenios en contra de interés público».

Ante el ultinatum para aprobar las nuevas tasas como única salvación de la empresa, «es decir, repercutir sobre los vecinos que viven en los municipios incluidos en Galasa la mala gestión realizada por los políticos», desde IU no negamos que quizás sea necesario una revisión tarifaria, pero no esta. «No podemos aceptar una revisión tarifaria que venga justificada por argumentos tales como la crisis, la salida de un municipio como el de Vera o el parón de la burbuja inmobiliaria… y menos aún podemos aceptar unas tarifas en las que se acepte que más del 40% del agua que se vierte en la red de baja se pierde, incluso hay municipios que llegan a un 70%, agua que se vierte en la red de saneamiento pero no llega a los grifos de los vecinos que pagan su recibo correctamente. Me parece un gran agravio que los vecinos deban asumir en sus recibos el coste del agua que se pierde por el mal estado de la red o que se usa en tomas ilegales para regar o llenar piscinas».

A juicio de María Jesús Amate, «para poder aprobar unas tarifas justas lo primero que se debe de plantear es un plan especial y específico de inversiones destinado a mejorar la red de abastecimiento de los municipios. El dinero que se va con ese agua que se deja de facturar, al precio del m3 que se plantea en esta revisión tarifaria es alrededor de tres millones de euros. Se pretende aprobar unas tarifas que desde el origen genera 3 millones de euros de pérdida. Además el propio interventor nos plantea en su informe que la aprobación de las tarifas es una medida de urgencia, la estabilidad presupuestaria momentánea de la empresa. Es decir, la tirita para parar la hemorragia pero no es la solución».